martes, 31 de mayo de 2011

CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO

Desiderio Becerril Conejo
Graduado Social y Licenciado Ciencias del Trabajo

EL SURGIMIENTO DEL DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO

Históricamente el concepto de trabajo ha tenido diferente contenido.

En la Antigüedad (Grecia y Roma), el trabajo tenía una connotación negativa, era considerada una actividad menor, propia de esclavos y mujeres. Esta visión se mantuvo durante la Edad Media donde el trabajo era desarrollado principalmente por los siervos. El trabajo artesano no tenía un fin en sí mismo excepto el de satisfacer las necesidades del señor, bien directa o indirectamente.


Para las grandes religiones como el Judaísmo y el Cristianismo, el trabajo guardaba un sentido como deber religioso, no como una actividad productiva en sí misma.
Con la Reforma Protestante, Lutero y Calvino, el trabajo comienza a ser valorado en sí mismo, pero siempre bajo la idea de que es un deber, el objeto del trabajo no es el beneficio que se puede obtener de él, sino un instrumento para glorificar a Dios.

No es hasta la llegada de las revoluciones burguesas a comienzos del siglo XIX cuando el trabajo comienza a ser considerado socialmente de forma positiva orientado a la consecución de un beneficio en sí mismo, que redundará en el incremento de industrias y actividades comerciales.

Coincide en el tiempo esta nueva visión del trabajo con el auge del Liberalismo y la desaparición del Antiguo Régimen. El punto de inflexión es, sin duda, la Revolución Francesa de 1789, a partir de la cual se instala una nueva concepción social, basada sobre todo en los principios de libertad e igualdad de todos los ciudadanos.
Fruto de esa nueva visión social es la proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los derechos ciudadanos aquí recogidos están basados, como hemos apuntado anteriormente, en los principios de libertad e igualdad, con la idea sobre todo de evitar la injerencia del Estado en la esfera privada de la vida de las personas, son los conocidos como derechos civiles y políticos. El Estado no debe intervenir en los asuntos privados, limitándose a vigilar que nadie impida a los demás el ejercicio de su libertad.

Esta Declaración Francesa de 1789 tiene sus antecedentes en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 durante el proceso de independencia de las colonias británicas en América del Norte, y ésta así mismo, en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689.

El Liberalismo político surgido de las Revoluciones burguesas tiene su incidencia en el plano económico, comercial y laboral, donde bajo el famoso lema del “laissez faire, laissez passer”, las relaciones entre particulares se dejan en manos de éstos sin ninguna intervención ni regulación por el Estado. Desde el punto de vista económico y comercial se vivirá una auténtica transformación que desembocará en la I Revolución Industrial.

En el ámbito social y laboral la perspectiva es bien distinta. El trabajador, sin ningún tipo de protección ni fuerza negociadora, debe enfrentarse al patrono y acordar directamente con él las condiciones de trabajo. La desigualdad de fuerzas en la negociación le lleva a aceptar jornadas de trabajo abusivas, salarios precarios, condiciones de trabajo draconianas, mujeres y niños deben trabajar sin ningún tipo de limitación.

En estas condiciones la clase obrera comienza a organizarse, tanto para protegerse de las condiciones de trabajo impuestas, como para reclamar una mejora de las mismas. Se producen revueltas exigiendo mejores condiciones de vida y en un principio el Estado opta por reprimir esos movimientos, alegando que cualquier tipo de asociacionismo o medida de presión va en contra de los principios liberales.

Pero la situación se vuelve tan insostenible que no le queda más remedio que intervenir, no sólo por dar solución a las reivindicaciones de la clase obrera, sino también por estabilizar una situación social y de orden público que ponía en peligro el desarrollo económico y comercial que se estaba logrando.

En las nuevas Constituciones de mediados y finales del siglo XIX, sobre todo francesas, se empiezan a reconocer derechos que van más allá de los derechos civiles y políticos, reconociendo a los ciudadanos otros nuevos como a la salud, a la vivienda, al trabajo, la educación, etc., son los llamados derechos económicos, sociales y culturales.

El derecho al trabajo, al igual que el resto de estos nuevos derechos ya no están basados en la no intervención del Estado, más bien al contrario, se necesita su intervención, tanto legislativa, como económica, como desde el punto de vista material. Son los llamados derechos prestacionales.

Esta necesaria intervención del Estado va a limitar el cumplimiento de estos nuevos derechos debido sobre todo a la desigual disponibilidad de medios económicos en el tiempo y en los distintos países y regiones, y por otra parte su implementación va a depender de la voluntad política del gobernante.


DERECHO A UNA SUBSISTENCIA DIGNA

Junto al derecho al trabajo, reconocido como medio fundamental de subsistencia y de integración social, se recoge en las Constituciones de estos años, la obligación por el Estado de procurar, a aquellos que no puedan trabajar, los medios necesarios para su subsistencia.
En la Constitución Francesa de 1793 se reconoce no sólo la obligación de la sociedad de “facilitar un trabajo a los más desafortunados, sino también asegurar los medios de existencia necesarios para aquellos que no pueden trabajar”. Se establece una relación directa entre el derecho al trabajo y el derecho a la propia existencia, a la vida. El trabajo es el medio para asegurar los medios necesarios para esa existencia.

Como vemos, ya en aquel momento se constataba claramente la imposibilidad de ofrecer un trabajo a cada ciudadano. Si a ello unimos que a pesar de todo se mantenían vigentes algunos derechos como el de propiedad privada, libertad de empresa, etc., el derecho al trabajo se quedó, y así sigue en la actualidad como otros derechos sociales, en un simple principio programático.

El que el derecho al trabajo se convierta en una obligación ineludible para el Estado, sólo se producirá en los países del bloque socialista, donde ese Estado que controla toda la economía, proporcionará empleo a todos sus ciudadanos sin importar si ello era rentable o no, con las funestas consecuencias económicas y sociales que tuvo.


Al mismo tiempo que se recogía constitucionalmente ese derecho al trabajo, se producía el desarrollo de una legislación laboral que ordenaba y establecía una serie de mínimos en las relaciones laborales. De jornada, salarios, edad mínima para trabajar, etc.

En España la primera norma legislativa socio-laboral no llegó hasta 1873, la Ley Benot, que prohibía el trabajo para los menores de 10 años.

A nivel internacional, en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo.


Durante el siglo XX, pero sobre todo a partir del fin de la II Guerra Mundial, el derecho al trabajo y las medidas de protección para los desempleados han vivido la época de mayor desarrollo.

El 10 de diciembre de 1948 se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). En su art. 23.1 se reconoce que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

El 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo art. 6 recoge también el derecho de toda persona al trabajo, la obligación de los Estados de tomar las medidas adecuadas para garantizar este derecho, para que se desarrolle en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

En el ámbito estrictamente europeo, se firma el 18 de octubre de 1961 por los países miembros del Consejo de Europa la Cata Social Europea, donde se reconoce entre otros derechos de los trabajadores, “la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido”

EXIGIBILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO

¿Es el derecho al trabajo un derecho subjetivo?, ¿puede algún ciudadano exigir ante los órganos administrativos que se le dé un trabajo?, y de no ser así, ¿puede acudir a los tribunales para exigir la materialización de ese derecho?

Como ya hemos apuntado antes, en una sociedad donde existe la libertad de empresa y el derecho a la propiedad, no parece factible, los trabajos los crean los empresarios y no se les puede exigir que creen puestos de trabajo vulnerando su derecho a la libertad de contratación en el marco de su libertad de dirección de la empresa. Y por otra parte, tampoco se le puede exigir al Estado esa creación, que si no tienen una justificación de beneficio social o económico, se convierten en una inversión ineficiente con un incremento del gasto público que sería inasumible.



Teniendo esto en cuenta, el derecho al trabajo, al igual que otros derechos sociales, se ha quedado en un principio programático, y en palabras del Tribunal Constitucional en su sentencia 22/1981, el contenido de ese derecho al trabajo se limita a lo siguiente:
• libertad para trabajar
• desde el punto de vista individual , derecho a un puesto de trabajo ( igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa)
• desde el punto de vista colectivo, el derecho al trabajo implica, además, un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma

Como vemos, ninguna obligación objetiva de dar trabajo, y tampoco ningún derecho a exigirlo como derecho subjetivo, a lo sumo un mandato a los poderes públicos de que una política de pleno empleo oriente la actuación del gobierno, pero como ya hemos dicho como un simple principio programático.




PROTECCIÓN LEGAL DEL DERECHO AL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El art 35 CE reconoce el deber de trabajar y el derecho al trabajo de todos los españoles.

Recordemos que éste art. 35 CE, se encuentra incluido dentro de la Sección II del Cap. II del Título I. El art 53.1 CE establece una triple garantía para los derechos incluidos en las dos secciones de ese Cap. I mencionado, y por lo tanto afectando a ese derecho del trabajo.

Esa triple garantía se manifiesta en las siguientes garantías:

1) Vinculación y/o eficacia inmediata: ampliando la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico recogido en el art 9.1 CE, se quiere subrayar la especial protección de que gozan (no así los del Capítulo III) , y también el carácter de norma jurídica directamente aplicable sin necesidad de norma de desarrollo, y que en el caso de que ese desarrollo legislativo se produjera, esos derechos ya enumerados limitan la actuación legislativa.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 80/1982 de 20 de noviembre apoya esta idea al recordar que si el desarrollo legislativo de estos derechos ha de respetar sus contenidos esenciales, es porque ya existen con carácter vinculante para los poderes públicos.
2) Reserva de ley: la regulación de estos derechos sólo se hará por ley. Lo que se pretende es excluir al Ejecutivo de esa regulación que podría llevar a cabo a través de su potestad reglamentaria (art 97 CE). Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/1984 de 24 de julio.
El respeto al contenido esencial de estos derechos según la STC 11/1981, de 8 de abril, quiere proteger aquella parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga .
3) Control constitucional de las leyes de desarrollo: la regulación de estos derechos se tutelará con arreglo a lo dispuesto en el art 161.1 CE, siendo el Tribunal Constitucional el que controlará que las leyes de desarrollo ajusten su contenido y forma a los preceptos constitucionales a través del Recurso de Inconstitucionalidad.


La protección que no cabe para los derechos de la Sección II, Cap. II del Tít. I, y por lo tanto para el derecho al trabajo es el recurso de amparo constitucional del art. 161.b CE, aplicable sólo para los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE, que son, el art. 14 (igualdad y no discriminación), la Sección I (arts 15 a 29) y el art. 30 (objeción de conciencia).

LA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA Y RENTA DE INSERCIÓN

Ante la imposibilidad material de ofrecer un trabajo a cada ciudadano, el Estado Social se ve en la necesidad de facilitar los medios de subsistencia necesarios para aquellos que no tienen ingresos.

En la actualidad las medidas destinadas a paliar esa falta de trabajo son prestaciones por desempleo (contributivas o no contributivas) o las llamadas rentas mínimas de inserción (condicionadas a que los beneficiarios realicen ciertas actividades laborales o de formación que el Estado determine).

Además de éstas, se ha introducido en el debate sobre las medidas que se pueden poner en marcha para paliar la falta de ingresos por falta de trabajo la propuesta de Renta Básica Ciudadana (puede recibir otros nombres, renta incondicionada, ingreso ciudadano, etc). Ésta consistiría en una prestación económica incondicionada para todos los ciudadanos, independientemente de si tienen ingresos y de la cuantía de los mismos si los hubiera.

La propuesta a primera vista plantea serias dudas: ¿es justo que ricos y pobres reciban la misma prestación cuando podría dedicarse todo a los más pobres?, ¿no se favorecerá el parasitismo al recibir un ingreso a cambio de nada?, ¿no tendría un efecto llamada sobre los inmigrantes si se aplicara a nivel local?, ¿sería inviable económicamente, utópica y fuera de la realidad histórica?.

Vamos a exponer algunas de las razones de los que defienden esta propuesta.

En primer lugar, se justificaría bajo el razonamiento de que toda sociedad debe proteger como un derecho fundamental una serie de necesidades básicas de todos los ciudadanos.

El que sea un derecho incondicional y universal está presente en otros derechos y nadie lo cuestiona, salud, educación, etc.

Reconocerlo de forma universal a toda la ciudadanía evita la arbitrariedad de elegir o delimitar a qué colectivos se destina la prestación; evitaría el proceso de probar la situación de pobreza que daría derecho sólo a algunos a recibirla, prescindiendo de procedimientos humillantes, estigmatizadores y burocráticos, que se prestan a la discrecionalidad administrativa y a la corrupción.


Supondría un importante ahorro en instituciones y personal dedicado a vigilar, controlar y administrar, puesto que sería una renta directamente concedida por el simple hecho de ser un derecho de ciudadanía.

La financiación se llevaría a cabo a través de la transferencia de riqueza de unos niveles a otros, “sufragada la renta básica de manera progresiva se beneficiaría claramente a los estratos más vulnerables (jóvenes con empleos precarios, personas sin techo, mujeres solas, etc., los sectores medios quedarían probablemente como están, mientras que el grueso de la carga financiera recaería sobre los sectores más altos)”(G. Pisarello, “ La renta básica como nuevo derecho ciudadano”).

Existe efectivamente el inconveniente del efecto llamada, pero no menos que con otras prestaciones como sanidad o educación.

En algunos países de América Latina se estudia esta medida en principio sólo para algunos colectivos, niños y ancianos por ejemplo. En Alaska existe una renta básica sufragada con los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales y distribuida de forma igualitaria entre todos los ciudadanos.

En definitiva se trataría de reducir la creciente desigualdad entre las clases sociales ricas y las pobres, y a la vez cumplir con los mandatos de las Declaraciones sobre Derechos Humanos en los que se consagran principios y derechos universales que nunca podrán materializarse si todos los ciudadanos no cuentan con unos medios mínimos de subsistencia. No se trata sólo de reconocer derechos a los ciudadanos, sino también de poner a su alcance los medios necesarios para que puedan ser efectivos.

En nuestra Constitución de 1978, ese derecho al trabajo del art 35.1 cuyo objeto es conseguir “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, puesto en relación con el art. 10 CE donde se establece como “fundamento del orden político y la paz social” el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes obliga a las administraciones a tomar medidas y asegurar esos derechos.

En cuanto a las Rentas de Inserción, condicionadas a que los beneficiarios realicen ciertas actividades laborales o de formación que el Estado determine, también presentan dificultades, se prestan por un tiempo determinado, con lo cual cumplido ese tiempo la persona deja de percibir la prestación, y por otra parte si el beneficiario incumple su parte del compromiso, con lo cual dejaría de tener derecho a esa prestación, precisamente se le está condenando a la situación de desamparo que le queríamos evitar.



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