sábado, 22 de mayo de 2010

CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: GLOBALIZACIÓN, MODELO DE ESTADO Y SOLUCIONES

CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: GLOBALIZACIÓN, MODELO DE ESTADO Y SOLUCIONES

Desiderio Becerril Conejo
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social


La existencia de una crisis económica en España era ya constatable en 2008. En su cuarto trimestre se entraba ya oficialmente en recesión al descender el PIB a casi -1,5 puntos. En cuanto a la tasa de paro, en ese cuarto trimestre de 2008 se llegaba al 14%, cuando en el mismo periodo de 2007 no llegaba al 9%. El índice de actividad general había variado del 3º trimestre de 2007 al mismo periodo de 2008 de 2,5 a -2 puntos. Había suficientes datos como para pensar en tomar medidas de calado que frenaran esas evoluciones negativas.
Sin embargo no ha sido hasta Mayo de 2010 cuando el gobierno ha decidido poner en marcha una serie de recortes del gasto público obligado por las presiones de sus socios europeos, de EEUU y del FMI ante la grave evolución de la economía española. Ahora mismo los más graves problemas con los que se enfrenta son la tasa de paro cercana al 20%, el doble de la media de los países de la OCDE, y por otra parte el déficit público, que ha pasado del 3,1% del PIB en 2008 al 10% que se prevé para 2010.

Dejando a parte la cuestión de si se hubiera debido actuar antes, cuestión a la que aludiremos más adelante, debemos tener también en cuenta qué margen de maniobra tiene, y ha tenido, el gobierno de España. Debemos recordar que es un gobierno limitado tanto a nivel supranacional por su pertenencia a organismos como por ejemplo la Unión Europea, la OCDE, FMI, OIT, etc. como a nivel infranacional, la transferencia de competencias a las CCAA también le restan capacidad de maniobra.

La primera limitación, la supranacional, se enmarca en ese proceso llamado globalización. Observamos hoy en día un avance considerable en lo que se refiere a la libre circulación de personas, mercancías o capitales, cuyo reflejo más importante son movimientos migratorios cada vez más importantes, posibilidad de fabricar y vender cualquier mercancía en prácticamente cualquier parte del mundo, y por último un mercado financiero sobre el que se tiene muy poco control. Los Estados han perdido soberanía, y la han transferido a organismos difíciles de fiscalizar.


Estas pérdidas de control del Estado en amplios aspectos normativos y económicos tienen una incidencia directa sobre las políticas de bienestar del Estado social del art. 1.1 de la CE.
En primer lugar, la financiación de esas políticas se nutre de los impuestos, y también de las cotizaciones sobre el trabajo, y su objeto es suplir ciertas carencias, o satisfacer ciertas necesidades de la población. Con el tiempo se han ido incrementando en número y contenido esas políticas, y además se ha ampliado considerablemente el número de personas a las que atender, incrementos que no se han visto correspondidos con otros de los ingresos necesarios para satisfacerlas.
Por otra parte si se intenta aumentar la presión fiscal o las cotizaciones sobre el trabajo, sobre todo las de las empresas, se corre el riesgo de que éstas decidan trasladar su producción total o parcialmente a otros países donde por ejemplo la presión fiscal sea menor, los controles de calidad no sean tan severos, y las reglamentaciones sobre derechos laborales sean más laxas, todo lo cual lleva a unos costes menores de producción. Lo mismo ocurriría con el dinero, que se refugiaría allí donde fuera menos controlable y al final más rentable.

En el plano infranacional, las transferencias a las CCAA provocan la existencia dentro del mismo Estado de diferentes regulaciones sobre la misma materia, lo que conlleva para las empresas mayores costes de transacción, de información y de cumplimiento normativo

Algunos especialistas vienen a decir que esa diferencia normativa entre CCAA lo que ocasiona son procesos de competencia entre ellas, posibilitando que las empresas puedan elegir aquel lugar más beneficioso para su negocio, lo que estimularía a las demás ha esforzarse en sus regulaciones para ser más atractivas, pero este planteamiento no parece ir en consonancia con el art. 2 CE cuando se habla de solidaridad entre CCAA, o con el art. 139 al hablar de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte de nuestro territorio.

Sobre la oportunidad del momento para tomar las medidas de recorte social recientemente efectuadas, rebaja de sueldo a los funcionarios, congelación de pensiones, recortes en ley de dependencia, y desaparición del “cheque bebé”, es obvio que si en 2008 con los primeros síntomas de crisis se hubieran tomado medidas la situación no habría sido ésta. Como en el plazo de unos pocos días se ha pasado de decir que no se iban a recortar derechos sociales de ninguna manera a hacerlo, lo más obvio es pensar que las medidas han sido improvisadas y se ha seguido el camino más fácil y quizá el más injusto. Se puede sacar la impresión, de que se echa la culpa de la crisis a funcionarios y pensionistas.
El objetivo de las medidas es recortar el gasto este año en 5.000 millones de euros, y en 10.000 millones de euros en 2011, pero esas cantidades se hubieran logrado prácticamente igual con los 12.000 millones que supuso la deducción general de los 400 €, con los 1.800 millones anuales dejados de ingresar por la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio, y por ejemplo con un mayor control del sector público de las CCAA, donde el conjunto de sociedades mercantiles, fundaciones, agencias, etc., ha crecido un 77% en los últimos años y acumula unas pérdidas de 15.000 millones de €. En muchos casos las funciones de estos entes son desarrollar funciones que le corresponde a la administración pero sin estar sujetos al derecho administrativo, circunstancia de especial relevancia cuando se trata de acceder a los puestos de trabajo que se generan.

Así pues, y aunque también se han anunciado medidas (ambiguas y sin concretar) sobre los grandes capitales, lo que nos indica otra vez cierta dosis de improvisación, vemos que se podría haber recortado el gasto público sin acudir al recorte en gasto social, ni los funcionarios ni los pensionistas tienen la culpa de la mala gestión de la crisis, y si más bien los políticos de los diferentes gobiernos, tanto estatal como autonómicos, por colocar su interés particular por encima del interés general .

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