martes, 20 de abril de 2010

Comentario a la Sentencia sobre recurso 106/2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España

Comentario a la Sentencia sobre recurso 106/2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España

Desiderio Becerril Conejo
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social


http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5072910&links=%22%22GONZALO%20MOLINER%20TAMBORERO%22%22&optimize=20100318


La cuestión que se plantea es la siguiente: un trabajador extranjero sin autorización de residencia ni de trabajo tiene un accidente de tráfico cuando se dirige al lugar donde presta sus servicios (accidente in itínere). Cuando formalizó su contrato lo hizo suplantando la identidad de otro trabajador extranjero en situación regular. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la prestación por incapacidad permanente al considerar que no reunía los requisitos necesarios para estar incluido en el campo de aplicación de la Seguridad Social (SS) y no tener la consideración de trabajador por cuenta ajena encontrándose en España de forma irregular.

El alto tribunal sentencia que efectivamente el trabajador no tiene derecho a la prestación. Básicamente los fundamentos de derecho serían los siguientes:
• inexistencia de contrato de trabajo: faltó uno de los elementos necesarios del art. 1261 Código Civil (CC) cual es el error en la persona del trabajador, invalidando el consentimiento necesario del art. 1266 CC., por lo tanto el contrato de trabajo celebrado debe considerarse nulo o inexistente.
• al no haberse celebrado un contrato de trabajo válido el trabajador no puede estar en situación de alta en la SS, requisito imprescindible para ello recogido en el art. 7 LGSS. Y por lo tanto no puede causar derecho a las prestaciones previstas para los accidentes de trabajo.
• no es de aplicación lo dispuesto en el art. 42.2 del RD 84/1996, en el que se establece que los trabajadores extranjeros por cuenta ajena de países que hayan ratificado el Convenio 19 de la OIT, aún cuando no se encuentren legalmente en España ni tengan permiso para trabajar, se considerarán incluidos en el sistema de la Seguridad, pues en el caso que nos ocupa el país de origen del trabajador (Guinea Conakry) no ha ratificado el convenio en cuestión.

En primer lugar hay que dejar claro que el trabajador tiene derecho a la asistencia sanitaria, circunstancia que está perfectamente definida en el art. 12 de la LO 4/2000 (redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009). Lo que se debate es, como se dijo al principio, si además tiene derecho a la prestación económica por incapacidad permanente originada por accidente laboral.
La sentencia como hemos visto no le reconoce ese derecho, pero no hay que olvidar dos cuestiones: como consecuencia del trabajo desarrollado se han generado una serie de cotizaciones de las que ha sido beneficiaria la entidad gestora, y por otra parte el empresario ha obtenido un beneficio por el trabajo que le han prestado.
Habría que considerar si es justo que el trabajador, aún no reuniendo los requisitos exigidos, no obtenga alguna tipo de contraprestación mientras que el resto de los actores intervinientes sí se han beneficiado. Si no es lícito que el trabajador reciba ningún tipo de prestación, quizá tampoco lo sean las cotizaciones realizadas ni los beneficios obtenidos por el empresario, aún cuando en este caso hay que tener en cuenta que éste desconocía absolutamente la verdadera identidad del trabajador.
Debiera tenerse en cuenta lo dispuesto en el art.9.2 del Estatuto de los Trabajadores, “En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido”, y contemplar la posibilidad de hacer extensible esa exigencia a las cotizaciones realizadas o a los derechos que ellas originan.

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