lunes, 23 de noviembre de 2009

DEL DERECHO FUNDAMENTAL Y HUMANO AL TRABAJO EN TIEMPO DE CRISIS

Desiderio Becerril Conejo

Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social




El Derecho al Trabajo es un Derecho Fundamental del ser humano; así está reconocido en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y como tal, su respeto y desarrollo contribuyen a la libertad, justicia, y paz en el mundo, y dignifica la propia existencia humana.

En este tiempo de crisis, que a nivel humano se traduce en altas tasas de desempleo, en condiciones cada vez más precarias de trabajo, en desiguales derechos laborales de los trabajadores dependiendo del país en el que nos encontremos, que lleva en ocasiones no sólo al no reconocimiento digno de ese derecho, sino también a poner en riesgo otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, conviene que reflexionemos sobre todo ello, y que recordemos que el respeto universal y efectivo a los derechos fundamentales es un compromiso que obliga a todos los Estados (Preámbulo de la DUDH) y a todos los ciudadanos.

El reconocimiento de este derecho se encuentra también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), La Carta Social Europea (CSE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en nuestro ordenamiento en el art. 35 de la Constitución Española (CE).

En todos ellos aparece como un derecho del hombre, y como tal debiera implicar una obligación para los estados de promover las acciones legislativas, económicas, de fomento, etc. para que pudiera materializarse en la generalidad de la población que quiere trabajar.

Pero, ¿por qué no sucede así?, ¿por qué el Estado no puede asegurar este derecho en el sentido de que el ciudadano pudiera exigir su cumplimiento, por ejemplo, ante los tribunales?

Contraponiéndolo a los derechos de libertad donde lo que se exige es la no-acción, la no realización de actos que perturben el disfrute de esa libertad, el derecho al trabajo es un derecho prestacional que impone a los poderes públicos la obligación de hacer.
Esta obligación de hacer se ve limitada por la escasez de trabajo, no sólo en cuanto a su número, sino en cuanto a su contenido igualitario como bien señala el profesor Peces-Barba (por ejemplo, no se puede asegurar a todos los ciudadanos un mismo trabajo, ni siquiera un trabajo similar en condiciones y retribuciones). Se ve limitada a su vez por el reconocimiento a la iniciativa privada, a la libertad de empresa (art. 38 CE), es decir, son los empleadores, los empresarios, los que crean los puestos de trabajo, y evidentemente en una economía de mercado ni tienen la capacidad de crear puestos de trabajo para todos ni se les puede exigir que lo hagan. Ni siquiera el Estado a través de la iniciativa pública puede producir esos puestos en número suficiente que absorba la demanda de empleo.

Lo que sí constituye una obligación para el Estado es el bienestar económico de los ciudadanos (art. 39 CE), especialmente en caso de desempleo (art. 41 CE). Así pues, al Estado no se le puede exigir un puesto de trabajo para cada ciudadano, pero sí que proteja de forma digna a aquellos que se encuentran en situación de desempleo.

A nivel global nos encontramos con situaciones mucho peores, donde ya no sólo el derecho al trabajo no existe y se ha convertido poco menos que en servidumbre o esclavitud, sino que tampoco se respetan otros derechos fundamentales relacionados con el trabajo, protección de la salud, de la integridad física y de la vida, derecho a la sindicación y la huelga, etc., derechos todos ellos reconocidos en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La finalidad de esta falta de reconocimiento de derechos es puramente económica, los costes laborales son mucho menores y las empresas obtienen mayores beneficios.
En un mundo globalizado como éste, con el espectacular avance y desarrollo de los medios de información, comunicación y transporte, también debieran globalizarse los derechos laborales , exigir a todos los países el cumplimiento de las normas de la OIT y el respeto a los derechos fundamentales con ellas relacionados. Exigencia que se debe hacer extensible a los agentes sociales, organizaciones de trabajadores y empresarios, para que se manifiesten claramente ante esas vulneraciones, y exijan, en todos los niveles de negociación en que participen, una solución para ese grave problema.
Hay que recordar lo que se proclama en el Preámbulo de la Constitución de la OIT: “…si cualquier nación no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”.

El Derecho al Trabajo es un derecho universal del ser humano, y debe ser en todos los casos un trabajo respetuoso con el resto de los derechos fundamentales en cualquier lugar y circunstancia. Con ello no sólo se asegurará la existencia digna del trabajador y su familia, sino que también se reducirá la desigualdad entre países ricos y pobres.
En este sentido Juan Somavia, director general de la OIT, presentó en 1999 su memoria “Trabajo decente”, donde se expresa lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos, derechos en el trabajo, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Todo ello bajo el prisma de que como recoge la Constitución de la OIT, “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.”.
Pablo VI en su Encíclica Populorum Progressio lo expresaba así: “……aumenta la distancia que separa el progreso de los unos, del estancamiento y aún retroceso de los otros. Sin embargo, es necesario que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto el equilibrio que es indispensable.”











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