martes, 31 de mayo de 2011

CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO

Desiderio Becerril Conejo
Graduado Social y Licenciado Ciencias del Trabajo

EL SURGIMIENTO DEL DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO HUMANO

Históricamente el concepto de trabajo ha tenido diferente contenido.

En la Antigüedad (Grecia y Roma), el trabajo tenía una connotación negativa, era considerada una actividad menor, propia de esclavos y mujeres. Esta visión se mantuvo durante la Edad Media donde el trabajo era desarrollado principalmente por los siervos. El trabajo artesano no tenía un fin en sí mismo excepto el de satisfacer las necesidades del señor, bien directa o indirectamente.


Para las grandes religiones como el Judaísmo y el Cristianismo, el trabajo guardaba un sentido como deber religioso, no como una actividad productiva en sí misma.
Con la Reforma Protestante, Lutero y Calvino, el trabajo comienza a ser valorado en sí mismo, pero siempre bajo la idea de que es un deber, el objeto del trabajo no es el beneficio que se puede obtener de él, sino un instrumento para glorificar a Dios.

No es hasta la llegada de las revoluciones burguesas a comienzos del siglo XIX cuando el trabajo comienza a ser considerado socialmente de forma positiva orientado a la consecución de un beneficio en sí mismo, que redundará en el incremento de industrias y actividades comerciales.

Coincide en el tiempo esta nueva visión del trabajo con el auge del Liberalismo y la desaparición del Antiguo Régimen. El punto de inflexión es, sin duda, la Revolución Francesa de 1789, a partir de la cual se instala una nueva concepción social, basada sobre todo en los principios de libertad e igualdad de todos los ciudadanos.
Fruto de esa nueva visión social es la proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los derechos ciudadanos aquí recogidos están basados, como hemos apuntado anteriormente, en los principios de libertad e igualdad, con la idea sobre todo de evitar la injerencia del Estado en la esfera privada de la vida de las personas, son los conocidos como derechos civiles y políticos. El Estado no debe intervenir en los asuntos privados, limitándose a vigilar que nadie impida a los demás el ejercicio de su libertad.

Esta Declaración Francesa de 1789 tiene sus antecedentes en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 durante el proceso de independencia de las colonias británicas en América del Norte, y ésta así mismo, en la Carta de Derechos Inglesa (Bill of Rights) de 1689.

El Liberalismo político surgido de las Revoluciones burguesas tiene su incidencia en el plano económico, comercial y laboral, donde bajo el famoso lema del “laissez faire, laissez passer”, las relaciones entre particulares se dejan en manos de éstos sin ninguna intervención ni regulación por el Estado. Desde el punto de vista económico y comercial se vivirá una auténtica transformación que desembocará en la I Revolución Industrial.

En el ámbito social y laboral la perspectiva es bien distinta. El trabajador, sin ningún tipo de protección ni fuerza negociadora, debe enfrentarse al patrono y acordar directamente con él las condiciones de trabajo. La desigualdad de fuerzas en la negociación le lleva a aceptar jornadas de trabajo abusivas, salarios precarios, condiciones de trabajo draconianas, mujeres y niños deben trabajar sin ningún tipo de limitación.

En estas condiciones la clase obrera comienza a organizarse, tanto para protegerse de las condiciones de trabajo impuestas, como para reclamar una mejora de las mismas. Se producen revueltas exigiendo mejores condiciones de vida y en un principio el Estado opta por reprimir esos movimientos, alegando que cualquier tipo de asociacionismo o medida de presión va en contra de los principios liberales.

Pero la situación se vuelve tan insostenible que no le queda más remedio que intervenir, no sólo por dar solución a las reivindicaciones de la clase obrera, sino también por estabilizar una situación social y de orden público que ponía en peligro el desarrollo económico y comercial que se estaba logrando.

En las nuevas Constituciones de mediados y finales del siglo XIX, sobre todo francesas, se empiezan a reconocer derechos que van más allá de los derechos civiles y políticos, reconociendo a los ciudadanos otros nuevos como a la salud, a la vivienda, al trabajo, la educación, etc., son los llamados derechos económicos, sociales y culturales.

El derecho al trabajo, al igual que el resto de estos nuevos derechos ya no están basados en la no intervención del Estado, más bien al contrario, se necesita su intervención, tanto legislativa, como económica, como desde el punto de vista material. Son los llamados derechos prestacionales.

Esta necesaria intervención del Estado va a limitar el cumplimiento de estos nuevos derechos debido sobre todo a la desigual disponibilidad de medios económicos en el tiempo y en los distintos países y regiones, y por otra parte su implementación va a depender de la voluntad política del gobernante.


DERECHO A UNA SUBSISTENCIA DIGNA

Junto al derecho al trabajo, reconocido como medio fundamental de subsistencia y de integración social, se recoge en las Constituciones de estos años, la obligación por el Estado de procurar, a aquellos que no puedan trabajar, los medios necesarios para su subsistencia.
En la Constitución Francesa de 1793 se reconoce no sólo la obligación de la sociedad de “facilitar un trabajo a los más desafortunados, sino también asegurar los medios de existencia necesarios para aquellos que no pueden trabajar”. Se establece una relación directa entre el derecho al trabajo y el derecho a la propia existencia, a la vida. El trabajo es el medio para asegurar los medios necesarios para esa existencia.

Como vemos, ya en aquel momento se constataba claramente la imposibilidad de ofrecer un trabajo a cada ciudadano. Si a ello unimos que a pesar de todo se mantenían vigentes algunos derechos como el de propiedad privada, libertad de empresa, etc., el derecho al trabajo se quedó, y así sigue en la actualidad como otros derechos sociales, en un simple principio programático.

El que el derecho al trabajo se convierta en una obligación ineludible para el Estado, sólo se producirá en los países del bloque socialista, donde ese Estado que controla toda la economía, proporcionará empleo a todos sus ciudadanos sin importar si ello era rentable o no, con las funestas consecuencias económicas y sociales que tuvo.


Al mismo tiempo que se recogía constitucionalmente ese derecho al trabajo, se producía el desarrollo de una legislación laboral que ordenaba y establecía una serie de mínimos en las relaciones laborales. De jornada, salarios, edad mínima para trabajar, etc.

En España la primera norma legislativa socio-laboral no llegó hasta 1873, la Ley Benot, que prohibía el trabajo para los menores de 10 años.

A nivel internacional, en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo.


Durante el siglo XX, pero sobre todo a partir del fin de la II Guerra Mundial, el derecho al trabajo y las medidas de protección para los desempleados han vivido la época de mayor desarrollo.

El 10 de diciembre de 1948 se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). En su art. 23.1 se reconoce que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

El 16 de diciembre de 1966 la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo art. 6 recoge también el derecho de toda persona al trabajo, la obligación de los Estados de tomar las medidas adecuadas para garantizar este derecho, para que se desarrolle en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

En el ámbito estrictamente europeo, se firma el 18 de octubre de 1961 por los países miembros del Consejo de Europa la Cata Social Europea, donde se reconoce entre otros derechos de los trabajadores, “la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido”

EXIGIBILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO

¿Es el derecho al trabajo un derecho subjetivo?, ¿puede algún ciudadano exigir ante los órganos administrativos que se le dé un trabajo?, y de no ser así, ¿puede acudir a los tribunales para exigir la materialización de ese derecho?

Como ya hemos apuntado antes, en una sociedad donde existe la libertad de empresa y el derecho a la propiedad, no parece factible, los trabajos los crean los empresarios y no se les puede exigir que creen puestos de trabajo vulnerando su derecho a la libertad de contratación en el marco de su libertad de dirección de la empresa. Y por otra parte, tampoco se le puede exigir al Estado esa creación, que si no tienen una justificación de beneficio social o económico, se convierten en una inversión ineficiente con un incremento del gasto público que sería inasumible.



Teniendo esto en cuenta, el derecho al trabajo, al igual que otros derechos sociales, se ha quedado en un principio programático, y en palabras del Tribunal Constitucional en su sentencia 22/1981, el contenido de ese derecho al trabajo se limita a lo siguiente:
• libertad para trabajar
• desde el punto de vista individual , derecho a un puesto de trabajo ( igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa)
• desde el punto de vista colectivo, el derecho al trabajo implica, además, un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma

Como vemos, ninguna obligación objetiva de dar trabajo, y tampoco ningún derecho a exigirlo como derecho subjetivo, a lo sumo un mandato a los poderes públicos de que una política de pleno empleo oriente la actuación del gobierno, pero como ya hemos dicho como un simple principio programático.




PROTECCIÓN LEGAL DEL DERECHO AL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El art 35 CE reconoce el deber de trabajar y el derecho al trabajo de todos los españoles.

Recordemos que éste art. 35 CE, se encuentra incluido dentro de la Sección II del Cap. II del Título I. El art 53.1 CE establece una triple garantía para los derechos incluidos en las dos secciones de ese Cap. I mencionado, y por lo tanto afectando a ese derecho del trabajo.

Esa triple garantía se manifiesta en las siguientes garantías:

1) Vinculación y/o eficacia inmediata: ampliando la sujeción de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico recogido en el art 9.1 CE, se quiere subrayar la especial protección de que gozan (no así los del Capítulo III) , y también el carácter de norma jurídica directamente aplicable sin necesidad de norma de desarrollo, y que en el caso de que ese desarrollo legislativo se produjera, esos derechos ya enumerados limitan la actuación legislativa.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 80/1982 de 20 de noviembre apoya esta idea al recordar que si el desarrollo legislativo de estos derechos ha de respetar sus contenidos esenciales, es porque ya existen con carácter vinculante para los poderes públicos.
2) Reserva de ley: la regulación de estos derechos sólo se hará por ley. Lo que se pretende es excluir al Ejecutivo de esa regulación que podría llevar a cabo a través de su potestad reglamentaria (art 97 CE). Así lo reconoce la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/1984 de 24 de julio.
El respeto al contenido esencial de estos derechos según la STC 11/1981, de 8 de abril, quiere proteger aquella parte del contenido de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad, que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga .
3) Control constitucional de las leyes de desarrollo: la regulación de estos derechos se tutelará con arreglo a lo dispuesto en el art 161.1 CE, siendo el Tribunal Constitucional el que controlará que las leyes de desarrollo ajusten su contenido y forma a los preceptos constitucionales a través del Recurso de Inconstitucionalidad.


La protección que no cabe para los derechos de la Sección II, Cap. II del Tít. I, y por lo tanto para el derecho al trabajo es el recurso de amparo constitucional del art. 161.b CE, aplicable sólo para los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE, que son, el art. 14 (igualdad y no discriminación), la Sección I (arts 15 a 29) y el art. 30 (objeción de conciencia).

LA RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA Y RENTA DE INSERCIÓN

Ante la imposibilidad material de ofrecer un trabajo a cada ciudadano, el Estado Social se ve en la necesidad de facilitar los medios de subsistencia necesarios para aquellos que no tienen ingresos.

En la actualidad las medidas destinadas a paliar esa falta de trabajo son prestaciones por desempleo (contributivas o no contributivas) o las llamadas rentas mínimas de inserción (condicionadas a que los beneficiarios realicen ciertas actividades laborales o de formación que el Estado determine).

Además de éstas, se ha introducido en el debate sobre las medidas que se pueden poner en marcha para paliar la falta de ingresos por falta de trabajo la propuesta de Renta Básica Ciudadana (puede recibir otros nombres, renta incondicionada, ingreso ciudadano, etc). Ésta consistiría en una prestación económica incondicionada para todos los ciudadanos, independientemente de si tienen ingresos y de la cuantía de los mismos si los hubiera.

La propuesta a primera vista plantea serias dudas: ¿es justo que ricos y pobres reciban la misma prestación cuando podría dedicarse todo a los más pobres?, ¿no se favorecerá el parasitismo al recibir un ingreso a cambio de nada?, ¿no tendría un efecto llamada sobre los inmigrantes si se aplicara a nivel local?, ¿sería inviable económicamente, utópica y fuera de la realidad histórica?.

Vamos a exponer algunas de las razones de los que defienden esta propuesta.

En primer lugar, se justificaría bajo el razonamiento de que toda sociedad debe proteger como un derecho fundamental una serie de necesidades básicas de todos los ciudadanos.

El que sea un derecho incondicional y universal está presente en otros derechos y nadie lo cuestiona, salud, educación, etc.

Reconocerlo de forma universal a toda la ciudadanía evita la arbitrariedad de elegir o delimitar a qué colectivos se destina la prestación; evitaría el proceso de probar la situación de pobreza que daría derecho sólo a algunos a recibirla, prescindiendo de procedimientos humillantes, estigmatizadores y burocráticos, que se prestan a la discrecionalidad administrativa y a la corrupción.


Supondría un importante ahorro en instituciones y personal dedicado a vigilar, controlar y administrar, puesto que sería una renta directamente concedida por el simple hecho de ser un derecho de ciudadanía.

La financiación se llevaría a cabo a través de la transferencia de riqueza de unos niveles a otros, “sufragada la renta básica de manera progresiva se beneficiaría claramente a los estratos más vulnerables (jóvenes con empleos precarios, personas sin techo, mujeres solas, etc., los sectores medios quedarían probablemente como están, mientras que el grueso de la carga financiera recaería sobre los sectores más altos)”(G. Pisarello, “ La renta básica como nuevo derecho ciudadano”).

Existe efectivamente el inconveniente del efecto llamada, pero no menos que con otras prestaciones como sanidad o educación.

En algunos países de América Latina se estudia esta medida en principio sólo para algunos colectivos, niños y ancianos por ejemplo. En Alaska existe una renta básica sufragada con los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales y distribuida de forma igualitaria entre todos los ciudadanos.

En definitiva se trataría de reducir la creciente desigualdad entre las clases sociales ricas y las pobres, y a la vez cumplir con los mandatos de las Declaraciones sobre Derechos Humanos en los que se consagran principios y derechos universales que nunca podrán materializarse si todos los ciudadanos no cuentan con unos medios mínimos de subsistencia. No se trata sólo de reconocer derechos a los ciudadanos, sino también de poner a su alcance los medios necesarios para que puedan ser efectivos.

En nuestra Constitución de 1978, ese derecho al trabajo del art 35.1 cuyo objeto es conseguir “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, puesto en relación con el art. 10 CE donde se establece como “fundamento del orden político y la paz social” el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes obliga a las administraciones a tomar medidas y asegurar esos derechos.

En cuanto a las Rentas de Inserción, condicionadas a que los beneficiarios realicen ciertas actividades laborales o de formación que el Estado determine, también presentan dificultades, se prestan por un tiempo determinado, con lo cual cumplido ese tiempo la persona deja de percibir la prestación, y por otra parte si el beneficiario incumple su parte del compromiso, con lo cual dejaría de tener derecho a esa prestación, precisamente se le está condenando a la situación de desamparo que le queríamos evitar.



El debate está abierto

sábado, 22 de mayo de 2010

CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: GLOBALIZACIÓN, MODELO DE ESTADO Y SOLUCIONES

CRISIS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: GLOBALIZACIÓN, MODELO DE ESTADO Y SOLUCIONES

Desiderio Becerril Conejo
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social


La existencia de una crisis económica en España era ya constatable en 2008. En su cuarto trimestre se entraba ya oficialmente en recesión al descender el PIB a casi -1,5 puntos. En cuanto a la tasa de paro, en ese cuarto trimestre de 2008 se llegaba al 14%, cuando en el mismo periodo de 2007 no llegaba al 9%. El índice de actividad general había variado del 3º trimestre de 2007 al mismo periodo de 2008 de 2,5 a -2 puntos. Había suficientes datos como para pensar en tomar medidas de calado que frenaran esas evoluciones negativas.
Sin embargo no ha sido hasta Mayo de 2010 cuando el gobierno ha decidido poner en marcha una serie de recortes del gasto público obligado por las presiones de sus socios europeos, de EEUU y del FMI ante la grave evolución de la economía española. Ahora mismo los más graves problemas con los que se enfrenta son la tasa de paro cercana al 20%, el doble de la media de los países de la OCDE, y por otra parte el déficit público, que ha pasado del 3,1% del PIB en 2008 al 10% que se prevé para 2010.

Dejando a parte la cuestión de si se hubiera debido actuar antes, cuestión a la que aludiremos más adelante, debemos tener también en cuenta qué margen de maniobra tiene, y ha tenido, el gobierno de España. Debemos recordar que es un gobierno limitado tanto a nivel supranacional por su pertenencia a organismos como por ejemplo la Unión Europea, la OCDE, FMI, OIT, etc. como a nivel infranacional, la transferencia de competencias a las CCAA también le restan capacidad de maniobra.

La primera limitación, la supranacional, se enmarca en ese proceso llamado globalización. Observamos hoy en día un avance considerable en lo que se refiere a la libre circulación de personas, mercancías o capitales, cuyo reflejo más importante son movimientos migratorios cada vez más importantes, posibilidad de fabricar y vender cualquier mercancía en prácticamente cualquier parte del mundo, y por último un mercado financiero sobre el que se tiene muy poco control. Los Estados han perdido soberanía, y la han transferido a organismos difíciles de fiscalizar.


Estas pérdidas de control del Estado en amplios aspectos normativos y económicos tienen una incidencia directa sobre las políticas de bienestar del Estado social del art. 1.1 de la CE.
En primer lugar, la financiación de esas políticas se nutre de los impuestos, y también de las cotizaciones sobre el trabajo, y su objeto es suplir ciertas carencias, o satisfacer ciertas necesidades de la población. Con el tiempo se han ido incrementando en número y contenido esas políticas, y además se ha ampliado considerablemente el número de personas a las que atender, incrementos que no se han visto correspondidos con otros de los ingresos necesarios para satisfacerlas.
Por otra parte si se intenta aumentar la presión fiscal o las cotizaciones sobre el trabajo, sobre todo las de las empresas, se corre el riesgo de que éstas decidan trasladar su producción total o parcialmente a otros países donde por ejemplo la presión fiscal sea menor, los controles de calidad no sean tan severos, y las reglamentaciones sobre derechos laborales sean más laxas, todo lo cual lleva a unos costes menores de producción. Lo mismo ocurriría con el dinero, que se refugiaría allí donde fuera menos controlable y al final más rentable.

En el plano infranacional, las transferencias a las CCAA provocan la existencia dentro del mismo Estado de diferentes regulaciones sobre la misma materia, lo que conlleva para las empresas mayores costes de transacción, de información y de cumplimiento normativo

Algunos especialistas vienen a decir que esa diferencia normativa entre CCAA lo que ocasiona son procesos de competencia entre ellas, posibilitando que las empresas puedan elegir aquel lugar más beneficioso para su negocio, lo que estimularía a las demás ha esforzarse en sus regulaciones para ser más atractivas, pero este planteamiento no parece ir en consonancia con el art. 2 CE cuando se habla de solidaridad entre CCAA, o con el art. 139 al hablar de la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte de nuestro territorio.

Sobre la oportunidad del momento para tomar las medidas de recorte social recientemente efectuadas, rebaja de sueldo a los funcionarios, congelación de pensiones, recortes en ley de dependencia, y desaparición del “cheque bebé”, es obvio que si en 2008 con los primeros síntomas de crisis se hubieran tomado medidas la situación no habría sido ésta. Como en el plazo de unos pocos días se ha pasado de decir que no se iban a recortar derechos sociales de ninguna manera a hacerlo, lo más obvio es pensar que las medidas han sido improvisadas y se ha seguido el camino más fácil y quizá el más injusto. Se puede sacar la impresión, de que se echa la culpa de la crisis a funcionarios y pensionistas.
El objetivo de las medidas es recortar el gasto este año en 5.000 millones de euros, y en 10.000 millones de euros en 2011, pero esas cantidades se hubieran logrado prácticamente igual con los 12.000 millones que supuso la deducción general de los 400 €, con los 1.800 millones anuales dejados de ingresar por la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio, y por ejemplo con un mayor control del sector público de las CCAA, donde el conjunto de sociedades mercantiles, fundaciones, agencias, etc., ha crecido un 77% en los últimos años y acumula unas pérdidas de 15.000 millones de €. En muchos casos las funciones de estos entes son desarrollar funciones que le corresponde a la administración pero sin estar sujetos al derecho administrativo, circunstancia de especial relevancia cuando se trata de acceder a los puestos de trabajo que se generan.

Así pues, y aunque también se han anunciado medidas (ambiguas y sin concretar) sobre los grandes capitales, lo que nos indica otra vez cierta dosis de improvisación, vemos que se podría haber recortado el gasto público sin acudir al recorte en gasto social, ni los funcionarios ni los pensionistas tienen la culpa de la mala gestión de la crisis, y si más bien los políticos de los diferentes gobiernos, tanto estatal como autonómicos, por colocar su interés particular por encima del interés general .

martes, 20 de abril de 2010

Comentario a la Sentencia sobre recurso 106/2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España

Comentario a la Sentencia sobre recurso 106/2009 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España

Desiderio Becerril Conejo
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social


http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5072910&links=%22%22GONZALO%20MOLINER%20TAMBORERO%22%22&optimize=20100318


La cuestión que se plantea es la siguiente: un trabajador extranjero sin autorización de residencia ni de trabajo tiene un accidente de tráfico cuando se dirige al lugar donde presta sus servicios (accidente in itínere). Cuando formalizó su contrato lo hizo suplantando la identidad de otro trabajador extranjero en situación regular. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la prestación por incapacidad permanente al considerar que no reunía los requisitos necesarios para estar incluido en el campo de aplicación de la Seguridad Social (SS) y no tener la consideración de trabajador por cuenta ajena encontrándose en España de forma irregular.

El alto tribunal sentencia que efectivamente el trabajador no tiene derecho a la prestación. Básicamente los fundamentos de derecho serían los siguientes:
• inexistencia de contrato de trabajo: faltó uno de los elementos necesarios del art. 1261 Código Civil (CC) cual es el error en la persona del trabajador, invalidando el consentimiento necesario del art. 1266 CC., por lo tanto el contrato de trabajo celebrado debe considerarse nulo o inexistente.
• al no haberse celebrado un contrato de trabajo válido el trabajador no puede estar en situación de alta en la SS, requisito imprescindible para ello recogido en el art. 7 LGSS. Y por lo tanto no puede causar derecho a las prestaciones previstas para los accidentes de trabajo.
• no es de aplicación lo dispuesto en el art. 42.2 del RD 84/1996, en el que se establece que los trabajadores extranjeros por cuenta ajena de países que hayan ratificado el Convenio 19 de la OIT, aún cuando no se encuentren legalmente en España ni tengan permiso para trabajar, se considerarán incluidos en el sistema de la Seguridad, pues en el caso que nos ocupa el país de origen del trabajador (Guinea Conakry) no ha ratificado el convenio en cuestión.

En primer lugar hay que dejar claro que el trabajador tiene derecho a la asistencia sanitaria, circunstancia que está perfectamente definida en el art. 12 de la LO 4/2000 (redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009). Lo que se debate es, como se dijo al principio, si además tiene derecho a la prestación económica por incapacidad permanente originada por accidente laboral.
La sentencia como hemos visto no le reconoce ese derecho, pero no hay que olvidar dos cuestiones: como consecuencia del trabajo desarrollado se han generado una serie de cotizaciones de las que ha sido beneficiaria la entidad gestora, y por otra parte el empresario ha obtenido un beneficio por el trabajo que le han prestado.
Habría que considerar si es justo que el trabajador, aún no reuniendo los requisitos exigidos, no obtenga alguna tipo de contraprestación mientras que el resto de los actores intervinientes sí se han beneficiado. Si no es lícito que el trabajador reciba ningún tipo de prestación, quizá tampoco lo sean las cotizaciones realizadas ni los beneficios obtenidos por el empresario, aún cuando en este caso hay que tener en cuenta que éste desconocía absolutamente la verdadera identidad del trabajador.
Debiera tenerse en cuenta lo dispuesto en el art.9.2 del Estatuto de los Trabajadores, “En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido”, y contemplar la posibilidad de hacer extensible esa exigencia a las cotizaciones realizadas o a los derechos que ellas originan.

miércoles, 14 de abril de 2010

Trabajo vs salud

Trabajo vs salud
28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad e Higiene en el Trabajo

Desiderio Becerril Conejo
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social


El trabajo entendido como hoy lo conocemos, desarrollo de una actividad por la que se percibe una prestación, generalmente dineraria, tiene su origen en la Revolución Industrial. Hasta entonces se podría hablar en términos generales de servidumbre, prestación de servicios, y en el peor de los casos de esclavitud.

Esta relación que se crea entre obrero y empresario en un entorno de liberalismo económico tiene unas consecuencias funestas para el obrero, jornadas interminables sin días de descanso, salarios mínimos, trabajo penoso de mujeres y niños, condiciones de trabajo y seguridad precarias o inexistentes, etc.

En este contexto surge el movimiento obrero como mecanismo de defensa ante el abuso empresarial y también lógicamente como medio de lograr unas condiciones de trabajo mejores, una protección de la propia salud e incluso de la propia vida.

Mucho se ha avanzado desde entonces. En el caso español se considera como primera Ley en materia de prevención y riesgos laborales la Ley Dato o Ley sobre Accidentes de Trabajo, que se publicó en la Gaceta de Madrid, antecedente del actual Boletín Oficial del Estado, el 31 de enero de 1900. Lleva el nombre del titular del Ministerio de la Gobernación, Eduardo Dato.

Actualmente nuestra legislación en esta materia tiene su base en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, traspuesta a nuestro ordenamiento por Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Estas dos disposiciones han sido abundantemente desarrolladas en sus respectivos niveles comunitario y nacional, lo que nos da una idea de la importancia que se concede a la salud y bienestar de los trabajadores en el desarrollo de su labor.

Esta importancia viene ya determinada en varios artículos la Declaración de los Derechos Humanos (PDH), derecho a la vida y a la seguridad (art.3), prohibición de esclavitud y servidumbre (art.4), y específicamente en el art. 22, “toda persona tiene derecho…..a la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. Uno de los cuales es el derecho de toda persona a la seguridad e higiene en su trabajo (art. 7.b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC).


El objetivo no es enfrentar salud a trabajo, sino hacerlos compatibles. El mundo del trabajo es un mundo no sólo cambiante y diverso en aspectos como tecnologías, procesos productivos o materiales, sino también legislativos, y es en este punto donde nos encontramos con un reconocimiento desigual de los derechos a la salud y bienestar de los trabajadores.

Juan Somavia, Director General de la OIT, lo dejaba bien claro en 2008:“Los países en desarrollo, donde se ha registrado un aumento de la tasa de accidentes, tropiezan con dificultades específicas. Además, no podemos olvidar que la mayoría de los trabajadores laboran en la economía informal, donde es probable que no se lleve la cuenta de todos los accidentes, enfermedades y muertes laborales.”

Según datos de la OIT cada año mueren más de 2 millones de personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. De acuerdo con sus estimaciones, se producen 270 millones de accidentes en el trabajo y 160 millones de casos de enfermedades profesionales.

En España los accidentes durante la jornada de trabajo disminuyeron en 2009 respecto al 2008 un 15 %, y los mortales un 22 %.
Los “in itinere” se redujeron un 15,3 %, y de ellos los mortales un 23,9 %.

Si bien es cierto que esa disminución está relacionada con el descenso de la actividad sobre todo del sector de la construcción donde se daba un alto grado de siniestralidad, no es menos cierto que los avances legislativos y de inspección también han ayudado.
En esa orientación el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se reducen las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la reducción de la siniestralidad.

Como dijimos anteriormente, salud y trabajo deben ser compatibles, y para ello hay que seguir avanzando en medidas legislativas y presupuestarias, y por supuesto hacer extensibles estos avances a los países menos desarrollados donde la carencia de medios no sólo pone en peligro la salud de sus trabajadores, sino su propio bienestar y desarrollo económico, todo ello íntimamente entrelazado.



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lunes, 23 de noviembre de 2009

DEL DERECHO FUNDAMENTAL Y HUMANO AL TRABAJO EN TIEMPO DE CRISIS

Desiderio Becerril Conejo

Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social




El Derecho al Trabajo es un Derecho Fundamental del ser humano; así está reconocido en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y como tal, su respeto y desarrollo contribuyen a la libertad, justicia, y paz en el mundo, y dignifica la propia existencia humana.

En este tiempo de crisis, que a nivel humano se traduce en altas tasas de desempleo, en condiciones cada vez más precarias de trabajo, en desiguales derechos laborales de los trabajadores dependiendo del país en el que nos encontremos, que lleva en ocasiones no sólo al no reconocimiento digno de ese derecho, sino también a poner en riesgo otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, conviene que reflexionemos sobre todo ello, y que recordemos que el respeto universal y efectivo a los derechos fundamentales es un compromiso que obliga a todos los Estados (Preámbulo de la DUDH) y a todos los ciudadanos.

El reconocimiento de este derecho se encuentra también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), La Carta Social Europea (CSE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en nuestro ordenamiento en el art. 35 de la Constitución Española (CE).

En todos ellos aparece como un derecho del hombre, y como tal debiera implicar una obligación para los estados de promover las acciones legislativas, económicas, de fomento, etc. para que pudiera materializarse en la generalidad de la población que quiere trabajar.

Pero, ¿por qué no sucede así?, ¿por qué el Estado no puede asegurar este derecho en el sentido de que el ciudadano pudiera exigir su cumplimiento, por ejemplo, ante los tribunales?

Contraponiéndolo a los derechos de libertad donde lo que se exige es la no-acción, la no realización de actos que perturben el disfrute de esa libertad, el derecho al trabajo es un derecho prestacional que impone a los poderes públicos la obligación de hacer.
Esta obligación de hacer se ve limitada por la escasez de trabajo, no sólo en cuanto a su número, sino en cuanto a su contenido igualitario como bien señala el profesor Peces-Barba (por ejemplo, no se puede asegurar a todos los ciudadanos un mismo trabajo, ni siquiera un trabajo similar en condiciones y retribuciones). Se ve limitada a su vez por el reconocimiento a la iniciativa privada, a la libertad de empresa (art. 38 CE), es decir, son los empleadores, los empresarios, los que crean los puestos de trabajo, y evidentemente en una economía de mercado ni tienen la capacidad de crear puestos de trabajo para todos ni se les puede exigir que lo hagan. Ni siquiera el Estado a través de la iniciativa pública puede producir esos puestos en número suficiente que absorba la demanda de empleo.

Lo que sí constituye una obligación para el Estado es el bienestar económico de los ciudadanos (art. 39 CE), especialmente en caso de desempleo (art. 41 CE). Así pues, al Estado no se le puede exigir un puesto de trabajo para cada ciudadano, pero sí que proteja de forma digna a aquellos que se encuentran en situación de desempleo.

A nivel global nos encontramos con situaciones mucho peores, donde ya no sólo el derecho al trabajo no existe y se ha convertido poco menos que en servidumbre o esclavitud, sino que tampoco se respetan otros derechos fundamentales relacionados con el trabajo, protección de la salud, de la integridad física y de la vida, derecho a la sindicación y la huelga, etc., derechos todos ellos reconocidos en los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La finalidad de esta falta de reconocimiento de derechos es puramente económica, los costes laborales son mucho menores y las empresas obtienen mayores beneficios.
En un mundo globalizado como éste, con el espectacular avance y desarrollo de los medios de información, comunicación y transporte, también debieran globalizarse los derechos laborales , exigir a todos los países el cumplimiento de las normas de la OIT y el respeto a los derechos fundamentales con ellas relacionados. Exigencia que se debe hacer extensible a los agentes sociales, organizaciones de trabajadores y empresarios, para que se manifiesten claramente ante esas vulneraciones, y exijan, en todos los niveles de negociación en que participen, una solución para ese grave problema.
Hay que recordar lo que se proclama en el Preámbulo de la Constitución de la OIT: “…si cualquier nación no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”.

El Derecho al Trabajo es un derecho universal del ser humano, y debe ser en todos los casos un trabajo respetuoso con el resto de los derechos fundamentales en cualquier lugar y circunstancia. Con ello no sólo se asegurará la existencia digna del trabajador y su familia, sino que también se reducirá la desigualdad entre países ricos y pobres.
En este sentido Juan Somavia, director general de la OIT, presentó en 1999 su memoria “Trabajo decente”, donde se expresa lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos, derechos en el trabajo, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Todo ello bajo el prisma de que como recoge la Constitución de la OIT, “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos.”.
Pablo VI en su Encíclica Populorum Progressio lo expresaba así: “……aumenta la distancia que separa el progreso de los unos, del estancamiento y aún retroceso de los otros. Sin embargo, es necesario que la labor que hay que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto el equilibrio que es indispensable.”











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DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LOS DERECHOS DE LOS PAÍSES POBRES

Desiderio Becerril Conejo
Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado Social


Se acaba de celebrar en Roma la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria promovida por la ONU y la FAO. El documento final recoge una serie de propuestas para erradicar el problema del hambre en el mundo pero sin concretar cantidades, plazos ni lugares, lo cual ya anticipa unos resultados escasos o inexistentes.

Los datos que se han expuesto allí son para reflexionar. Por ejemplo, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado: “Hoy van a morir 17 mil niños en el mundo de hambre”.
Por su parte, el director general de la FAO, Jacques Diouf, puso de manifiesto que "eliminar el hambre de la faz de la Tierra requiere 44.000 millones de dólares EE.UU. anuales de ayuda oficial al desarrollo en inversiones en infraestructura, tecnología e insumos modernos. Se trata de una cantidad pequeña si se compara con los 365.000 millones en subvenciones a los productores agrícolas en los países de la OCDE en 2007, o los 1,3 billones de dólares que el mundo gastó en armamento ese mismo año", según Diouf.

Saber que hoy en día, cuando nos encontramos en el momento de la historia de mayor desarrollo tecnológico y de conocimiento, siguen muriendo miles de personas de hambre en el mundo, se antoja como mínimo una injusticia y una falta de solidaridad de escala mundial.

Esta situación plantea cuestiones de índole moral, comprobar hasta qué punto llega la falta de esa solidaridad del ser humano, incapaz de alterarse ante ese desastre humanitario que lleva a miles de personas a morir de hambre en el mundo.

Otra cuestión importante es la continua violación de derechos humanos que supone esta situación. Se está privando del derecho a la vida a miles de personas, derecho sin el cual los demás no tienen sentido, pero no porque alguien atente directamente sobre su integridad física, sino porque los que tienen el poder de mitigar o terminar con esa situación de hambre no lo hacen, en este caso los países ricos y desarrollados. Hay que recordar que documentos como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales están suscritos y ratificados por la mayoría de los estados, incluidos los más ricos. En el preámbulo de este último se puede leer, “…con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.

Pero la solución no está en programas puntuales de ayuda al desarrollo, una especie de limosna que se da en tiempos de bonanza, sino acometiendo decididamente acciones que lleven a los países pobres a ser autosuficientes, a poder explotar sus recursos naturales en su propio beneficio y a poder comerciar con ellos en el mercado mundial.

A este respecto conviene recordar que el 70 % del mercado mundial está en manos de los miembros de la OCDE, organización a la que pertenecen los países más avanzados, y cuyo objetivo es maximizar su crecimiento económico y promover su desarrollo. Sobre un mapa del mundo podríamos ver que están excluidas de esta organización como miembros de pleno derecho toda África, toda América del Sur y Central (excepto México), toda Asia (excepto Japón y Corea del Sur), y en Europa la mayoría de los países de la órbita de la extinta Unión Soviética. En resumen, en las manos de 30 países está el destino del comercio mundial. De esta forma parece improbable que ese desarrollo y crecimiento económico necesario en todos los países del planeta pueda convertirse en un objetivo global.
Si todos los países del mundo alcanzaran un nivel de desarrollo equiparable, la competencia que se desarrollaría a escala mundial igualaría los niveles de desarrollo y bienestar, los ricos serían menos ricos y los pobres menos pobres. ¿Están los países más desarrollados, y los ciudadanos de estos países, dispuestos a renunciar a su estatus en beneficio de un mejor bienestar de los pobres? No parece que eso vaya a suceder, los países ricos controlan el mercado mundial y así parece que va a seguir siendo.
Para hacernos una idea del tremendo diferencial entre países ricos y pobres, con los datos del Fondo Monetario Internacional del 2008 y poniendo como ejemplo España, observamos que nuestro país ocupa el puesto 25 de 182, con una PIB per cápita en dólares USA de 35.331 $, pues bien, 138 de esos países no llegan ni siquiera a la mitad del dato español, y 80 de ellos no llegan ni a nuestra décima parte, y no se puede decir que sean países poco representativos en cuanto a población, pues entre otros, en este segundo grupo se encuentran países como China o la India que por sí solos ya representan en conjunto casi el 40 % del total mundial.
Los últimos 20 países no alcanzan los 500 $.

Queda mucho por hacer, y todo pasa por algo tan sencillo como cumplir los numerosos acuerdos, tratados y convenios que de forma reiterada se firman bajo los auspicios de organizaciones como la ONU, FAO, OIT, etc.






18-XI-2009